Regular sin frenar: el rol del Sanbox en la transición energética

En el sector energético, la innovación tecnológica y la regulación no siempre avanzan al mismo ritmo. Ese desfase se traduce en barreras regulatorias y cuellos de botella que inciden directamente en las decisiones de inversión y en la velocidad de la transición energética.

Cuando el marco normativo no se adapta a nuevas tecnologías o modelos de negocio, la regulación deja de ser un habilitador y se convierte en un factor de riesgo. El sandbox regulatorio (o arenera regulatoria) es un espacio controlado y supervisado para explorar alternativas regulatorias antes de su aplicación definitiva. Está diseñado para reunir evidencia empírica a priori sobre los impactos, beneficios y riesgos de ajustes en regulaciones clave para un sector o industria.

Esta herramienta no es ajena al ecosistema colombiano. Recientemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) abrió a comentarios la resolución que introduce el primer sandbox regulatorio en el país para el mercado del Gas Licuado de Petróleo-GLP, con el propósito de generar evidencia empírica sobre los riesgos y beneficios de la intercambiabilidad de los cilindros. 

Actualmente, la distribución de este energético se basa en la propiedad exclusiva de los cilindros por el distribuidor. Eso limita la libertad del usuario para cambiar de proveedor, en la medida que debe hacerlo con el dueño del cilindro, creando barreras de entrada para nuevos agentes. En consecuencia, se restringe la dinámica competitiva del mercado y una interacción eficiente entre oferta y demanda.  

A manera de paralelo, la figura del sandbox puede ser de gran utilidad en el proceso de diversificación de nuestra matriz energética.  La diversificación no se limita únicamente a la generación de electricidad con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), comprende además el desarrollo de soluciones energéticas para usos térmicos y biocombustibles, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

En el contexto de la bioenergía, el portafolio de usos del biogás es versátil y para nada despreciable en un escenario en el que perdimos la autosuficiencia gasífera, por lo cual se ha incrementado la importación de gas natural. Así, el biogás puede transformarse: en energía eléctrica o energía térmica para uso industrial; como biometano, mediante procesos de upgrading que incrementan su contenido de metano, con la posibilidad de ser inyectado al Sistema Nacional de Transporte (SNT) para uso doméstico; o como biocombustible para el sector transporte. 

Sin embargo, persisten barreras regulatorias que hacen complejo que los proyectos de bioenergía consigan el cierre financiero. Por un lado, la Ley 1715 de 2014 concentra los incentivos en la generación de electricidad, lo que limita el desarrollo de otras aplicaciones del biogás. 

Por otro, el Reglamento Único de Transporte (RUT) exige un requerimiento alto de ausencia de oxígeno en el biometano para la inyección de gas en la red. Ese requisito responde a un diseño regulatorio pensado para el gas natural fósil, que es extraído del subsuelo, cuyo comportamiento físico y químico no es equivalente al del gas natural renovable que se obtiene en superficie. Producir biometano con ese porcentaje de oxígeno incrementa la inversión en capital sin necesariamente aportar valor al sistema. 

En este escenario, un sandbox regulatorio es útil para explorar en condiciones reales pero controladas los efectos de flexibilizar estos parámetros técnicos. Esto incluye analizar, en una ventana de tiempo y con un alcance geográfico, el impacto sobre la operación del sistema de transporte, la calidad del servicio al usuario y la competitividad del mercado. 

Este enfoque es coherente con la lógica de planeación energética de largo plazo del país, que busca orientar decisiones con base en evidencia y reducir la incertidumbre en contextos de transformación del sistema energético. 

En esa línea, el sandbox regulatorio permite al regulador anticiparse a los efectos de sus decisiones, en lugar de reaccionar a ellos cuando los costos técnicos, económicos o regulatorios ya se han materializado.

En conclusión, el sandbox regulatorio permite evaluar los ajustes en la regulación antes de proceder con su aplicación definitiva. Esa característica hace posible anticiparse a eventuales efectos no deseados en la aplicación de la norma, mediante la validación de hipótesis en tiempo real.

Este tipo de laboratorios reduce la incertidumbre jurídica a la que se enfrentan los diferentes actores que participan en el mercado, propiciando la consolidación de un marco jurídico más resiliente y adaptativo a las dinámicas del sector. En un sistema energético que cambia con rapidez, regular con evidencia no es una opción secundaria: es la diferencia entre acompañar la transformación o llegar tarde a ella.

Autor: Yadira Castillo Meneses, Consultora Jurídica Transición Energética, Litigio y Arbitraje Internacional